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Un diario valenciano ha compuesto un mapa interactivo de la corrupción urbanística en España en el que la Región de Murcia cobra un importante protagonismo. En la edición digital del periódico Las Provincias se citan hasta once casos que se localizan en los municipios de Águilas, Los Alcázares, Cartagena, Cieza, Murcia, San Javier, La Unión y Villanueva del Río Segura. Se trata, pues, de ayuntamientos regidos tanto por el PP como por el PSOE.

Haciendo clic sobre el espacio de la Región de Murcia se especifican las diferentes actuaciones judiciales que se siguen en cada uno de los asuntos.

No ocho sino diez son las empresas inmobiliarias que la familia de Ramón Luis Valcárcel controla en la actualidad, según fuentes del PSRM-PSOE que aseguran haber obtenido esa información en el propio Registro Mercantil. Los socialistas están dispuestos a llegar hasta el fondo y demostrar la denuncia formulada por su líder, Pedro Saura, en el debate entre candidatos del pasado martes en Canal 6. En aquella ocasión, Valcárcel retó al candidato socialista a que si lograba demostrar que eso era cierto, él abandonaría la actividad política y si no, sería el denunciante el que lo hiciera.

La que ha sido portavoz parlamentaria socialista en buena parte de la pasada legislatura, Teresa Rosique, se ha reafirmado hoy en lo expuesto por Saura ante las cámaras de la televisión de La Verdad. Y ha dicho que son hasta una decena las empresas que mueve la saga de los Valcárcel, como tituló el propio secretario general del PSRM en el papel que exhibió durante el debate; se trataría, en la mayor parte de los casos, de entidades que carecerían de empleados y cuya sede social se encontraría, incluso, en pisos particulares.

Rosique ha acusado a Valcárcel este viernes, primer día de campaña electoral, de no respetar “ni a la Fiscalía del TSJ, ni a la Fiscalía Anticorrupción, ni a los jueces, ni a los propios registradores”, calificando de “monocultivo y semillero de empresas relacionadas con el negocio inmobiliario” las que podrían poseer los familiares directos del presidente regional del PP.

Es muy posible que el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, tenga que desdecirse de las palabras que pronunció el pasado día 21 de marzo sobre la candidatura de Juan Ramírez Soto a la alcaldía de Águilas, durante la inauguración de la restauración del Castillo de San Juan en esa localidad costera.

Tal y como consta en este vídeo, Valcárcel respaldó públicamente, y ante la pregunta de un periodista, al que calificó como “un excelente alcalde al que no hay razones para no apoyarlo”. El jefe del Ejecutivo señaló entonces que “está haciendo una labor extraordinaria, está modernizando Águilas. Esta no es la ciudad que yo pude haber conocido en otros tiempos, antes de que tuviera la máxima responsabilidad Juan Ramírez y mire, usted mismo puede comprobar el desarrollo y el crecimiento ordenado que aquí se está haciendo y, además de ordenado, inteligente”. Días después, el comité electoral regional dio su visto bueno a la candidatura de Ramírez para la alcaldía de la ciudad aguileña.

Fuentes consultadas por ECM apuntan a que el presidente podría estar barajando la posibilidad de que Juan Ramírez no sea finalmente candidato el próximo 27 de mayo, tras admitirse a trámite la querella de la Fiscalía del TSJ por parte del titular del juzgado de instrucción número 3 de Murcia por el caso de La Zerrichera.

El diario El País, en su edición de este viernes, publica una amplia información sobre este asunto, un trabajo periodístico del que, sin duda, habrán tomado buena nota en Génova,13, la sede nacional del PP. La imputación de cinco altos cargos pone contra las cuerdas al Gobierno de Murcia, titula el rotativo madrileño. Y añade en un subtítulo: los implicados por recalificar La Zerrichera desobedecen a Valcárcel y se niegan a dimitir.

Mientras Ramón Luis Valcárcel disfruta de sus delicias turcas, el titular del juzgado de instrucción número tres de Murcia, Antonio Alcaraz, admitía a trámite esta semana la querella que le remitió la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el espinoso caso de La Zerrichera. No quiso pues el presidente vivir aquí, en vivo y en directo, en la ciudad a la que tanto quiere y de la que tanto presume, su particular semana de pasión y quizá su calvario, si es que lo hay.

Y aunque la oposición de desgañite pidiendo que dé la cara en la Asamblea Regional y ante la opinión ciudadana, el presidente les dirá que nones, y que ya de un tirón, con las elecciones a la vuelta de la esquina, lo mejor es pasar página y esperar al revolcón que, asegura a los suyos, dará a las huestes del socialista Pedro Saura, al que cada vez le tiene más ganas "porque se ha metido con mi familia" dice ufano. Porque si no, ¿cómo se entiende que Valcárcel vaya pregonando a sus fieles tranquilidad, con la que está cayendo? ¿Y que le ofrezca a una actual diputada un puesto por debajo del número 13 en la circunscripción de Murcia, jurándole casi que saldrá elegida?

Los socialistas se frotan las manos con todo este berenjenal en torno a los tribunales. E inciden en que ya no el fiscal López Bernal, que los populares tachan de pro-PSOE, sino que es el juez al que le ha tocado el caso, el que contempla que no se entendería la coordinación sucesiva de las distintas administraciones local y autonómica sin una "previa concertación", no simultánea ni posterior a la tramitación del expediente de recalificación de terrenos, sino anterior.

Muchos comparten que la X de este entramado está mucho más arriba de los cinco imputados del Gobierno autonómico, es decir, los directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.
Junto a ellos, en el ayuntamiento de Águilas, término en el que se ubica el paraje de La Zerrichera, están imputados su alcalde, Juan Ramírez Soto, y el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y Jardines, José López Díaz. Por cierto, que el primero, por el momento, repetirá como cabeza de lista porque “ha sido un buen alcalde”, en palabras del propio Valcárcel hace tan sólo unos días.

Todo indica que aunque mucho corra el juez Alcaraz y agilice las comparecencias, la inmediatez de las elecciones del 27-M impedirá que para esa fecha haya salido algo en claro. Y quizá menos aún que, como alguien sugiere, las imputaciones se puedan ampliar a la mesa del Consejo de Gobierno, donde todavía se sienta el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana y, hasta hace unos meses, lo hacía también el que fuera responsable de Medio Ambiente, Francisco Marqués.
Los delitos que se contemplan en la querella son de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho. En suma, supuestas actuaciones con un grado de irresponsabilidad que no suenan a broma, precisamente.

Los socialistas han encontrado un nuevo objetivo en el que fijar sus críticas por sus sospechosas relaciones con el Partido Popular: Evedasto Lifante Carbonell, el rey del voley femenino en Murcia, cuyo equipo, el Grupo 2002, va de éxito en éxito, deportivamente hablando. Precisamente hoy jueves, cuando este emergente empresario abanillero del mundo del mármol cumple sus primeros 40 años de existencia, los del PSOE de su pueblo han arremetido contra su persona y, más en concreto, contra sus pretensiones urbanísticas en ese municipio gobernado por el PP.

El secretario general del PSOE de Abanilla, José Antonio González Rivera y la candidata a la alcaldía por ese partido, María Dolores Saurín, aseguran que disponen de documentación que avala un posible trato de favor del alcalde, Fernando Molina, para con las empresas Mussa y Eve. S.L., propiedad ambas de Lifante Carbonell. Los socialistas denuncian que “se le ha permitido el pago correspondiente a la firma de los convenios urbanísticos con un año y medio de retraso sin aplicar recargo alguno por parte del Ayuntamiento, aunque el texto del convenio especificaba que a los 15 días de la firma se anularía el mismo por falta de pago”.
En el PSOE explican que, de esta forma, “estas empresas han disfrutado de convenios durante año y medio de forma gratuita, pudiendo negociar los derechos de los mismos”.

Por todo ello, los socialistas han presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que se esclarezca si hubo trato de favor así como información privilegiada en este proceso.

La jueza María Poza, titular del juzgado de instrucción número 4 de Murcia, va a ser la encargada de investigar si existen indicios de delito en la persona del que fuera jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia, el arquitecto Joaquín Peñalver. Las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre supuestas actuaciones irregulares de este arquitecto municipal, se iniciaron tras las manifestaciones hechas a varios medios informativos por parte de un constructor, quien aseguró que el entonces jefe de Planeamiento habría favorecido supuestamente a algunas empresas en la valoración del suelo. Esa valoración afectaba igualmente al número de viviendas que se iban a construir en la zona norte del municipio murciano.

Dentro de las diligencias informativas, el fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, se dirigió al alcalde, Miguel Ángel Cámara, solicitándole diversa documentación sobre los hechos denunciados que, una vez en su poder, han sido trasladadas al juzgado al que la causa ha correspondido por reparto.

Según un informe hecho público por el grupo municipal socialista elaborado por Arquitasa, una consultora de los Colegios de Arquitectos, y tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, se deduce que el Ayuntamiento de Murcia dejó de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.

El estudio elaborado en su día por el entonces jefe de Planeamiento de Urbanismo y corroborado por la Gerencia, valoró la compensación total que debería percibir el Ayuntamiento por el incremento de la edificabilidad del citado convenio en unos 29 millones de euros, mientras el informe realizado por Arquitasa, y presentado por el PSOE, cifra esta cantidad en más de 155 millones. El informe de Peñalver estimaba el valor de ese metro cuadrado en la zona norte en menos de 120 euros que, multiplicados por los 239.000 metros cuadrados resultantes de la diferencia de edificabilidad, da como resultado los 29 millones.

La Fiscalía del TSJ abrió una investigación para comprobar el contenido de la denuncia, que señalaba también que esa valoración afectaba igualmente al número de viviendas que se iban a construir en la zona norte.

El arquitecto Joaquín Peñalver, que se encuentra en excedencia de su cargo como jefe de Planeamiento, ha asegurado reiteradamente que no ha cometido ninguna irregularidad y que está seguro de que los magistrados “no encontrarán ningún indicio de delito porque no lo he cometido”. Peñalver ha dicho que no ha recibido ninguna notificación sobre este caso ni ha sido llamado a declarar.

Desde el PSOE se pedían hoy explicaciones al alcalde Cámara porque, dicen, “no debe eludir sus responsabilidades, tiene que dar la cara y responder por el caso Peñalver”. Lo han hecho tanto el secretario de Organización de la Ejecutiva regional, Francisco Oñate, como el concejal murciano Marcos Ros. A este arquitecto, número tres en su día de la Gerencia y pieza clave de la misma, según los socialistas, se debe la supervisión del PGOU de Murcia, los convenios de Nueva Condomina, el Casino, los cuatro convenios de la zona norte, la reclasificación de terrenos de la huerta para la cooperativa Joven Futura y más de una veintena de reclasificaciones de suelo forestal en el campo de Murcia, entre otras iniciativas.

El propio alcalde, en una improvisada comparecencia ante los periodistas celebrada a primera hora de esta tarde en el salón de plenos municipal, visiblemente incómodo achacaba todo al “enfado y nerviosismo de los socialistas porque estamos igual que hace un año”. Interrogado por la semejanza del caso Peñalver con el asunto de La Zerrichera, apuntada hoy por el edil socialista Marcos Ros, Miguel Ángel Cámara ha preguntado a la periodista: “¿Es jurista el señor Ros?”. El alcalde ha añadido que no tiene “constancia de nada” y que los socialistas “están demasiado nerviosos y buscan conseguir cosas que no consiguen”. Cámara ha añadido que espera “que alguien se vaya a su casa si tuviera vergüenza”. Para él, concluía, “la política del PSOE consiste en construir cuartos de apero en suelos no urbanizables”.

En el desarrollo de la última fase de la Operación Malaya, la Policía ha detenido este miércoles a la esposa, la hija y un cuñado de Juan Antonio Roca, junto a un ex asesor del Ayuntamiento de Marbella que supuestamente se dedicaba a vender a la familia del presunto cerebro de la trama de corrupción décimos y billetes de lotería premiada, según fuentes de la investigación.

Este ex asesor se encargaría de buscar personas a las que les había tocado la lotería para comprarles el billete por un precio más elevado y luego venderlo a la familia de Roca.

Este sistema les permitía presuntamente, y según las mismas fuentes, blanquear dinero a la hija y a la mujer de Roca, también detenida a primera hora de esta mañana en el domicilio conyugal de Marbella. Además, en la ciudad malagueña, ha sido detenido este intermediario, mientras que el cuñado de Roca lo ha sido en la localidad murciana de Los Alcázares, mientras la hija lo era en Madrid.

La esposa de Roca, Rosa Jimeno, ya compareció en diciembre ante el instructor del ‘caso Malaya’, Miguel Ángel Torres, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes se trasladaron a su vivienda sobre las 7´45 horas y tras comunicarle su nueva imputación, la detuvieron delante de alguno de sus hijos. Era conocida la afición de la mujer de Roca a comprar ropa en París junto con la mujer del ex co-presidente del SCH, José María Amusátegui de la Cierva. “Lo que nos han quitado es la cuarta parte del total”, comentaba en la peluquería.

Jimeno fue trasladada a la Comisaría Provincial de Málaga, donde permanecerá hasta que sea puesta a disposición judicial, y se espera que los otros tres detenidos también sean trasladados allí.

La hija de Roca, de 23 años, se encuentra incomunicada en dependencias policiales de Madrid, y será trasladada en las próximas horas a Málaga. A este respecto, fuentes próximas a la familia de Roca mostraron su malestar por las circunstancias en las que se produjo el arresto de la joven, cuando iba a entrar a clase en el Instituto de Posgrado y Formación Continua ICAI-ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid.

Actualmente, el juez mantiene secretas parte de las actuaciones, que podrían corresponder al patrimonio de Roca y su entorno con el fin de continuar las pesquisas sobre la trama de corrupción municipal e inmobiliaria descubierta en Marbella.

Trinitario Casanova es, a los ojos de sus amistades, un empresario joven, dinámico y emprendedor. Sería algo así como lo que se conoce en siglas y abreviadamente por un JASP, acrónimo de Joven Aunque Suficientemente Preparado. En una amplia extensión de terreno, que se localiza en el término municipal de Águilas, pretendía construir una macrourbanización, un hotel de lujo y un campo de golf. Para ello no ahorró esfuerzos. Hasta adquirió medios de comunicación. Cuenta, no obstante, en esta Región con unas muy valiosas amistades. Es el caso del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, o el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto.

En las últimas horas se ha conocido que el Grupo Hispania, que Casanova preside, va a presentar una demanda contra el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel por paralizarle el proyecto de urbanización. Ya, a mediados del año pasado, el empresario llamó cobarde, con todas sus letras, al jefe del Ejecutivo regional.

En julio de 2006, el Gobierno murciano suspendió la tramitación del Plan Parcial de La Zerrichera por precisarse un plan de gestión y conservación de una zona que cuenta con varias figuras de protección medioambiental.

Este viernes un portavoz del Grupo Hispania citado por la agencia Efe ha dicho que "en breve", sin especificar la fecha exacta, presentarán una demanda contra el Gobierno regional por los “graves perjuicios ocasionados por la decisión de paralizar el Plan Parcial” de la finca. El grupo inmobiliario baraja también la posibilidad de emprender también acciones judiciales contra el candidato soicialista a la alcaldía de Águilas, Ramón Román, quien denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia un intento de soborno a ediles de su partido para que apoyaran la recalificación de terrenos en La Zerrichera.

Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Fernando de la Cierva, ha señalado que la Administración regional “siempre ha actuado en este asunto en función de informes administrativos y jurídicos que se han ido produciendo y entendemos que no tendría razón el planteamiento” del Grupo Hispania.
Añadía De la Cierva que el Gobierno “no puede actuar en función de informaciones periodísticas” y concluía que la posible denuncia de Hispania contra el Ejecutivo pondría de manifiesto que “nunca” se ha beneficiado a este grupo con la recalificación de La Zerrichera, como se asegura desde el PSRM-PSOE.

Para la portavoz parlamentaria del PSOE en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el propietario del Grupo Hispania, Trinitario Casanova, son los únicos que conocen a fondo los entresijos “del pelotazo” de La Zerrichera. Por ello les ha pedido a los dos que colaboren con la Justicia y pongan a su disposición cuanta información tengan en su poder.
Los socialistas sospechan que ese proyecto formaría parte de lo que ellos llaman “programa electoral oculto del PP y de Valcárcel”, quien habría llegado a un acuerdo con Trinitario Casanova y con el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, para “volver a intentarlo después de las elecciones”.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, manifestaba hoy en Cartagena que el anuncio de denuncia contra el Gobierno realizado por Casonova “sólo demuestra que el PP actúa teniendo en cuenta los intereses de la Región por encima de los de empresarios o partidos”.
Ruiz se ha mostradp muy crítico con la actuación del fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, por el trato distinto que ha concedido a los ediles socialistas y populares de Águilas.
El parlamentario del PP se preguntaba cómo si conocían un intento de soborno a concejales socialistas tanto el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, como otros miembros de la Ejecutiva, caso de su número dos, José Ramón Jara, “no fueron a los juzgados a denunciar el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de concejales socialistas en el ayuntamiento de Águilas”.

El fiscal jefe del TSJ presentaba el pasado mes de febrero una querella contra siete personas, entre ellas varios altos cargos del Ejecutivo autónomico, el propio alcalde de Águilas y un ex-concejal de ese Ayuntamiento, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento, cohecho y tráfico de influencias.

Alguien quiere convertir al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Manuel López Bernal, en el súper-juez Garzón de la judicatura murciana. Si ya en el PP andan con la mosca tras la oreja, las últimas palabras de la portavoz parlamentaria socialista ante la vuelta de la querella por el caso de La Zerrichera desde un juzgado de Lorca a los de Murcia, echan gasolina al fuego. Para Teresa Rosique, la decisión refuerza lo que el PSOE ha venido diciendo de que en este caso "el señor X está en San Esteban". Vaya órdago el suyo. Pero, ¿quién despejará finalmente la citada X?

Desde el PP regional ya le han contestado a la dirigente socialista, diciéndole su portavoz, Pedro Antonio Sánchez, que "le ha traicionado el subconsciente y aún cree que está en el Partido Comunista, atacando al 'X' de los GAL. Al parecer, olvida que el único 'X' de la historia de la democracia española estuvo en la etapa del Gobierno presidido por Felipe González".

La querella, presentada en Lorca, ha pasado ahora a reparto al Decanato de los juzgados de Murcia. El juzgado de Instrucción número tres de Lorca, que ostenta Juan Alcázar Alcázar, y en el que había tenido entrada, considera que la competencia corresponde a los órganos jurisdiccionales de Murcia, por lo que ha acordado no admitirla a trámite e inhibirse a favor de éstos.
En su auto, de fecha 5 de marzo, el juzgado lorquino afirma que los supuestos delitos que se atribuyen a los querellados -prevaricación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias- tienen una relación entre ellos, por lo que los competentes para estudiarlos son los juzgados donde radica la Audiencia Provincial.
Asimismo, el Ayuntamiento de Águilas, en diciembre de 2004, archivó el expediente abierto para la clasificación de suelo urbanizable no programado y terciario turístico de la finca La Zerrichera, "después de que la dirección general del Medio Natural considerara inadecuada la ejecución del complejo residencial".
Para el juez Alcázar, "estando archivado ese expediente, y sin solicitud alguna del Ayuntamiento de Águilas, la dirección general de Calidad Ambiental, el día 6 de abril de 2005 acuerda iniciar de oficio expediente de evaluación de impacto ambiental, y así se lo hace saber al Ayuntamiento, solicitándole la documentación oportuna".

Contra esa resolución puede presentarse recurso de reforma en los próximos tres días, si bien desde la Fiscalía aseguran que "no hay intención de hacerlo, ya que para el Ministerio Público lo importante es que se investiguen estos hechos, con independencia del Juzgado al que finalmente corresponda".

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, dice que con esta decisión queda patente que "existen supuestos delitos en dos Administraciones; por un lado, en la local, en el Ayuntamiento de Águilas; y por otro, en la regional, en la Comunidad Autónoma, debido a las actuaciones de representantes políticos en dichas administraciones".
Para Rosique, el juzgado de Lorca lo que reconoce con esta actuación es que este traslado se da porque afecta a dos o más personas en distintos lugares.
Además indica que lo que justifica el traslado de la querella a Murcia es por apreciar que los "más graves supuestos delitos que se ven en la querella serían delitos imputables a la actuación de altos cargos del Gobierno regional".

Desde las filas del PP, su portavoz, Pedro Antonio Sánchez, ha pedido "el máximo rigor en el proceso de La Zerrichera" para que "no se acabe perjudicando el prestigio de las instituciones y de la Justicia".
Sánchez señala que "después de que el fiscal jefe haya tenido un año para preparar esta querella, resulta, cuanto menos, llamativo que se haya equivocado de ventanilla", y agregó que "podría parecer que se ha cuidado más el efecto mediático que el rigor procesal".
Con respecto a las declaraciones de la portavoz del grupo parlamentario socialista, a Teresa Rosique le ha respondido que "está acostumbrada a retorcer la verdad para intentar manipularla".

Cabe recordar que la querella presentada por la Fiscalía del TSJ por presuntas actuaciones ilegales en torno a la recalificación de la finca de La Zerrichera, en el término municipal de Águilas, se dirige contra la ex directora general del Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el funcionario Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, y el ex concejal del PP en ese municipio, José López.

El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, asegura que su Gobierno desconoce los términos de la querella que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ostenta Manuel López Bernal, ha interpuesto por el caso La Zerrichera. La querella, que está fechada el pasado 21 de febrero, se conoció el 23 de este mes, último día del plazo de que el fiscal disponía para adoptar una resolución al respecto. Se refiere el jefe del Ejecutivo a que no conoce el contenido de forma oficial porque en su edición de este miércoles el diario La Verdad la publica extensamente en sus páginas 4, 5, 6 y 7. Será una vez que la tenga encima de su mesa, en el palacio de San Esteban, cuando la valore “desde la oficialidad y con criterios serios y rigurosos”, según ha explicado hoy mismo.

Recordemos que la querella de la Fiscalía del TSJ de Murcia se dirige contra siete personas, entre ellas, el alcalde de Águilas, tres altos cargos del Gobierno regional (los directores generales de Calidad Ambiental y Vivienda, el subdirector general de ésta última área), y la ex directora general de Medio Natural, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, ha exigido este miércoles la dimisión del presidente Valcárcel, “por su complicidad en los casos de corrupción urbanística”, entre ellos el de La Zerrichera. Del decálogo que en su día expuso Valcárcel, denunciaba Pujante que no se ha cumplido absolutamente nada; por ejemplo, que los ediles con intereses personales debían de abstenerse en los expedientes urbanísticos que conlleven una recalificación. Tampoco se han colgado en las páginas web ni en los tablones municipales los expedientes, ni existe un reglamento de gestión de los convenios urbanísticos, ni el consejo sectorial urbanístico, recuerda el dirigente de IU.
Pujante añade que apoya a la Fiscalía en su trabajo en el caso de La Zerrichera, y critica lo que estima como “vergonzoso acoso del PP contra sus actuaciones”. “Es totalmente indecente el anuncio de denuncia” de esa formación y un “acoso manifiesto que recuerda la época de Chicago años 20”.

Por su parte, en el PSRM-PSOE han confirmado que se personarán como acusación particular en esa querella interpuesta por el fiscal jefe del TSJ contra varios altos cargos de la Comunidad, porque se trata de “un pelotazo urbanístico”, según su portavoz, José Ramón Jara.
Los servicios jurídicos de este partido analizan el contenido de la querella y deciden si amplían la responsabilidad al consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, y al ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, al estar considerados por los socialistas como "partes fundamentales de la trama".

Desde el PP, su portavoz en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, apunta que el PSOE pide que el presidente Valcárcel comparezca en la cámara legislativa para informar sobre la recalificación urbanística de La Zerrichera, sabiendo que la petición “no es admisible” por parte de la Mesa. Ruiz lo entiende más como una estrategia política para distraer la atención, por lo que ha pedido a los socialistas que dejen a un lado estos asuntos y que se ocupen, por ejemplo, de dar su apoyo al colectivo de trabajadores de Zincsa.