elConfidencialdeMurcia

El pasado 3 de enero de 2001 un grupo de 12 ecuatorianos perdieron la vida en Lorca al ser arrollada la furgoneta en la que viajaban por un tren de cercanías cuando se dirigían a su lugar de trabajo en el campo. Los fallecidos se encontraban trabajando en España de forma ilegal. Aquel accidente sacaba a relucir la situación de enorme precariedad y de ilegalidad en la que trabajaban no sólo los ecuatorianos fallecidos sino también tantos otros inmigrantes.

Este viernes, el sindicato CCOO ha exigido responsabilidades a la empresa Polaris World como "empresa principal" respecto al accidente ocurrido ayer en el término de Fuente Álamo y en el que dos trabajadores inmigrantes -un portugués y un guineano- murieron y otros siete sufrieron heridas de diversa consideración al empotrarse contra una casa el vehículo en el que viajaban.

Para el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de la Región, José Cánovas, el accidente es el resultado de la siniestralidad laboral que lleva aparejada el trabajo en precario y las subcontratas.

Entiende CCOO que "es necesario exigir responsabilidades a la empresa principal, Polaris World, ante el más que cierto riesgo de insolvencia de las dos subcontratas de las que dependían los trabajadores".

Además se preguntan en CCOO si quienes realizan tareas de conducción deben también realizar otro tipo de trabajos con el consiguiente riesgo que pueda suponer el cansancio acumulado.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intensificado en los últimos días sus labores de vigilancia en la Región. Los controles policiales en carreteras y vías de acceso a ciudades como la capital se multiplican tras conocerse que la banda ETA quería preparar un atentado de gran envergadura en la zona de Levante, antes de tres meses, para demostrar que su capacidad operativa está prácticamente intacta, según declaró el presunto etarra Iker Aguirre (en la foto), detenido el jueves pasado en Port Bou.

Según la Cadena Ser, el jefe del aparato militar de ETA, Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, podría haber enviado a Aguirre a la Comunidad Valenciana con la misión de recopilar datos sobre el puerto de Valencia y sobre la ubicación de las delegaciones internacionales que se congregarán allí en abril con motivo de la Copa América de Vela.

Txeroki era escéptico sobre el desenlace final de la tregua declarada por la banda en marzo de 2006 y quería tener listo un gran golpe por si se rompía el diálogo, dijo Aguirre en su declaración ante los agentes de la Brigada de Información.

Aspiazu también le ordenó recabar información sobre objetivos turísticos en Alicante para atentar con mochilas bomba este verano.

Iker Aguirre fue detenido el jueves pasado en un control de rutina en el tren que hacía el trayecto entre la localidad francesa de Perpiñán y Barcelona. Portaba seis documentos de identidad falsos, 3.000 euros, varios CD y un documento con instrucciones para fabricar artefactos.

Los modernos medios para comunicarse -correo electrónico y teléfono móvil- permiten convocar para mañana en la localidad de Torre Pacheco una manifestación de protesta contra la inseguridad ciudadana. En esta población del campo de Cartagena fue donde el pasado lunes secuestraron a un niño de 12 años, hijo de un empresario local, un grupo de seis marroquíes y un ciudadano español que permanecen detenidos y declarando ante la titular del juzgado de instrucción número dos de San Javier, que podría dictar prisión para los siete en las próximas horas.
El SMS detalla la convocatoria, fijada para las 9 de la tarde-noche del viernes, a las puertas del Consistorio, y añade el ya famoso: "Pásalo". Tanto en el Ayuntamiento como en el PP local aseguraban hoy no saber nada del asunto.

El niño fue secuestrado cuando se encontraba con su madre en la sede de la empresa de estructuras metálicas que regenta su padre, Antonio Hernández, por un grupo de encapuchados que buscaban el dinero con el que el empresario iba a pagar las nóminas.
Los secuestradores, que exigían 120.000 euros, dejaron finalmente al pequeño en libertad en la madrugada del martes después de que el padre pagara 50.000 euros.
La Guardia Civil continúa sus investigaciones para averiguar el paradero del dinero que aún no ha sido encontrado.
La jueza de San Javier, que se encarga del caso, ha decretado el secreto de sumario.

Este viernes ha fallecido en Valencia el padre de Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística destapada en Marbella. Sus abogados han realizado intensas gestiones a lo largo de la jornada para que Roca, ingresado en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre, pueda obtener un permiso especial y asistir al entierro de su progenitor, que tendrá lugar mañana en la ciudad de Cartagena.
Una de las abogadas de Roca, Yolanda Terciado, ha dicho en la emisora Punto Radio que tras muchos intentos y gestiones, su representado podrá acompañar a sus familares en estos momentos tan señalados.
El padre de Roca fallecía hoy en Valencia, donde residía, a causa de un infarto.


La cárcel de Alhaurín de la Torre ha tramitado la solicitud para que el asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, encarcelado por su presunta implicación en el caso de corrupción denominado 'Malaya', salga de prisión para asistir al funeral de su padre.
Desde el centro penitenciario se ha remitido por fax al juez de guardia un certificado de defunción, con el que se acredita la muerte del padre de Roca y en el que se precisa que la familia está interesada en que acuda al funeral, así como una instancia del interno "en la que renuncia expresamente a salir acompañado de custodia policial", según fuentes penitenciarias.
Con estos documentos, el juez deberá autorizar o no la salida de Roca de la cárcel para acudir al sepelio de su progenitor. Lo normal es que las salidas de la cárcel de reclusos preventivos por acontecimientos como nacimientos, muertes o enfermedades se produzca con presencia de agentes de la Guardia Civil y esposado.
Tras comunicársele el fallecimiento, se le facilitó al recluso hablar con su familia e, incluso, se permitió la entrada de un representante de la defensa, con quien mantuvo un encuentro.
El juez de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, encargado del 'caso Malaya', decretó hace una semana prisión incondicional para el asesor de Urbanismo, imputándole los delitos de blanqueo, malversación, tráfico de influencias, fraude, cohecho, alteración del precio de las cosas y un delito ecológico, entre otros.

No fue el padre, quien quizá intentaba proteger a su hijo. Fue éste último quien atropelló mortalmente a un niño de corta edad en la tarde del pasado domingo en Totana. Así lo ha declarado hoy otro joven que le acompañaba ese día, ante el juez en esa localidad. El supuesto autor del trágico accidente lo ha reconocido. Y tras ello, el juez le ha dejado en libertad condicional hasta que continúe interrogándolo el próximo martes.
Fueron dos los jóvenes que circulaban en el vehículo Mercedes C-190 ese día. A ambos se les detuvo anoche; los agentes los separaron hasta que hoy comparecieran ante la autoridad judicial.
Según se ha sabido, fue un vecino el que reconoció a ambos jóvenes quienes media hora antes de los hechos golpearon el espejo de uno de los coches estacionados en una calle, continuando la marcha sin detenerse.
En otra calle de Totana arrollaron a una familia de ecuatorianos que llevaba a su bebé, de 13 meses, en un cochecito y que resultó muerto.
El conductor del vehículo no se detuvo a auxiliar a los heridos, aunque debido al reventón de una rueda, abandonó el vehículo en un lugar cercano.
El padre del joven ahora detenido como autor de los hechos había dado positivo en la prueba de alcoholemia que se le practicó el pasado domingo, si bien en todo momento había negado que él fuera el conductor del vehículo.
El hombre, a quien se imputó un delito de homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro, tuvo que pagar una fianza de 9.000 euros para salir de prisión, cantidad que le devolverán una vez el juez ratifique el martes la autoría de su hijo.

La defensa del factor de la estación de Chinchilla, único acusado en el juicio por el accidente en el que murieron 19 viajeros de un Talgo en junio de 2003, cree que una de las posibles explicaciones para la tragedia es que el maquinista no comprendió las instrucciones de no emprender la marcha que le daba el factor, José Luis D.C., debido al fuerte ruido que producen las locomotoras. El juicio se iniciará el próximo 3 de abril. El fiscal pide una pena de dos años y 181 días de prisión para el trabajador.

El letrado defensor, Julián Pérez Charco, sostiene en su escrito que una de las posibles explicaciones para que el tren emprendiera la marcha es que el ruido distorsionase la comprensión de la orden de no arrancar que le trasmitía el factor al maquinista.

La defensa dispone de un informe de una especialista en medicina laboral que afirma que por encima de los 80 decibelios las personas deber gritar a pleno pulmón para hacerse escuchar, lo que puede impedir que se comprendan las órdenes verbales. El nivel de ruido de una locomotora de Talgo supera los 87 decibelios.

Ha ocurrido esta misma mañana. Se trata de un suceso que se ha repetido en cuestión de escasamente diez días. Dos personas han resultado hoy heridas al caer en las inmediaciones de El Carmolí, en el término municipal de Cartagena, un helicóptero del Servicio Aereo de Rescate (SAR) del Ejército del Aire, en el que viajaban siete militares.
Los heridos no revisten gravedad; el helicóptero "Superpuma" volaba a muy baja altura cuando se ha precipitado a tierra, por motivos que por el momento se desconocen y sin que llegara a incendiarse.
El aparato tiene su base provisional en la Academia General del Aire de San Javier; el lugar del accidente se encuentra próximo a un aeródromo militar en desuso que sólo se utiliza para hacer prácticas. Hasta allí han acudido varias ambulancias, bomberos y efectivos de Protección Civil.

Otro helicóptero se desplomó el pasado viernes, 27 de enero, en el término municipal de Lorca. En aquella ocasión sí hubo que lamentar tres víctimas mortales. Los hechos ocurrieron sobre las 13 horas, en un paraje de la Sierra de la Tercia, en la diputación lorquina de La Hoya, cuando un helicóptero de una empresa privada se estrelló contra el suelo. Tras el choque, el aparato se incendió.
El helicóptero era de una empresa agraria con sede en Pechina (Almería) y, al parecer, tenía como destino la loclidad de Bullas. En concreto, se trataba de un Robinson 44, y realizaba un viaje para la empresa Cultivos Ecológicos Andrax, sita en la mencionada población almeriense.

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro José Pérez, ha confirmado que entre los detenidos por la Guardia Civil en una operación antidroga realizada esta madrugada se encuentra el jefe de la Policía Local de esa localidad marmenorense.
Pérez afirmó que el jefe del cuerpo en esa población, Pedro Antonio Marín Abellán, ha sido detenido a raíz de esa operación, según le informó esta mañana el Delegado del Gobierno en la Región, Ángel González.
El alcalde, que ha mostrado su incredulidad ante la noticia, afirma que Marín, nacido en San Pedro y donde ha desarrollado su carrera como policía desde hace más de 20 años, "ha sido siempre una buena persona, buen y eficaz colaborador".
"A todos nos ha llamado la atención esta detención porque se trata de una persona trabajadora" y que, como cabo, ejercía el cargo de jefe de la Policía Local.
Pedro José Pérez mostró su consternación por la noticia y se refirió a la necesidad de defender la presunción de inocencia que reconoce la Constitución hasta que se hagan las averiguaciones pertinentes por parte de los investigadores.
El detenido, según fuentes de la Delegación del Gobierno, podría haber prestado "apoyo logístico" a los integrantes de la banda. Esta mañana se hacía público un decreto municipal anunciando su cese como responsable de la Policia Local de San Pedro.
La cantidad de droga intervenida en la operación superaba las cuatro toneladas de hachis, deteniéndose a 11 personas e interviniéndose cuatro vehículos.