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Mediante un burofax dirigido al jefe del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, le ofrecía este miércoles pagar lo necesario para adquirir las 610 hectáreas del polígono industrial de Los Camachos, en Cartagena.

Un día antes, Valcárcel se reunía en San Esteban con el consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, los secretarios regionales de UGT y CCOO, Antonio López Baños y José Luis Romero, respectivamente, así como con la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y el presidente del comité de empresa de Española del Zinc (Zincsa), Juan Paredes.

Esa es la única alternativa que baraja el Gobierno murciano para que Zincsa pueda instalar su nueva sede en ese polígono y retire el expediente de regulación de empleo (ERE) que anunció el pasado viernes, afectando a la práctica totalidad de la plantilla, compuesta por 250 trabajadores.
El Ejecutivo autonómico ofrece pagar los terrenos al precio que en su día establecieron por convenio el anterior Gobierno socialista de Carlos Collado y la Sociedad Estatal del Suelo (Sepes), más el índice de precios al consumo acumulado desde entonces (año 1994).
Según fuentes del Ejecutivo de Valcárcel, cuando el PP llegó a San Esteban en 1995 sólo había 800 hectáreas de suelo industrial en la Región, mientras que en 2006 esa cifra se había multiplicado por cuatro, hasta alcanzar las 3.200; en los próximos años, aseguran, se pondrán a disposición de las empresas otras 800.

Por su parte, el portavoz del Consejo de Administración de Española del Zinc en Cartagena, José Carbajal, valora la oferta de compra del polígono industrial Los Camachos realizada por el Gobierno regional al Ministerio de Vivienda, propietario de ese suelo, "si eso sirve para resolver nuestro problema".

En declaraciones a Efe, Carbajal insiste en que la compañía necesita suelo industrial para cerrar la planta de Torreciega (Cartagena) y trasladarse a otro sitio, y "bienvenida sea la oferta de Valcárcel, si es una solución para Zincsa".

La compañía firmó en agosto de 2006 un convenio con el Ayuntamiento de Cartagena que le obligaba a trasladarse en un plazo máximo de cinco años, y quiere comprar "a un precio razonable" entre 500.000 y 550.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Los Camachos.
La dirección de Zincsa, que presentará en unos días un expediente de regulación de empleo que afectará a toda la plantilla menos al personal de mantenimiento, alega problemas de liquidez para comprar materia prima y desconfianza de las entidades de crédito, a raíz de la crisis ocasionada por la falta de suelo.
La empresa, según su portavoz, ha vendido en 142 millones de euros los 580.000 metros cuadrados que ahora ocupa en Torreciega al fondo de inversión Quorum, que entregó a la firma del contrato en agosto pasado un total de 45 millones.

Desde el PSRM-PSOE, su secretario general, Pedro Saura, ha recordado al Gobierno regional que el central ya ofreció a Zincsa 60 hectáreas de suelo en la fase urbanizada del polígono industrial cartagenero de Los Camachos, en respuesta a la oferta de compra de todo el terreno a Sepes por parte del Ejecutivo murciano.

Pero Saura teme que si finalmente el Gobierno autonómico compra el polígono a la sociedad estatal del suelo, se terminen construyendo en él "viviendas de lujo", por lo que ha vuelto a trasladar la responsabilidad de la falta de suelo industrial para Española del Zinc al Ejecutivo regional, al que se le ha "olvidado durante doce años" poner en marcha terrenos para la instalación de empresas.

Para el dirigente socialista resulta cuanto menos "lamentable" el hecho de que la Región no disponga de suelo industrial "con los miles de millones que Valcárcel ha recalificado", dice Saura.

En el desarrollo de la última fase de la Operación Malaya, la Policía ha detenido este miércoles a la esposa, la hija y un cuñado de Juan Antonio Roca, junto a un ex asesor del Ayuntamiento de Marbella que supuestamente se dedicaba a vender a la familia del presunto cerebro de la trama de corrupción décimos y billetes de lotería premiada, según fuentes de la investigación.

Este ex asesor se encargaría de buscar personas a las que les había tocado la lotería para comprarles el billete por un precio más elevado y luego venderlo a la familia de Roca.

Este sistema les permitía presuntamente, y según las mismas fuentes, blanquear dinero a la hija y a la mujer de Roca, también detenida a primera hora de esta mañana en el domicilio conyugal de Marbella. Además, en la ciudad malagueña, ha sido detenido este intermediario, mientras que el cuñado de Roca lo ha sido en la localidad murciana de Los Alcázares, mientras la hija lo era en Madrid.

La esposa de Roca, Rosa Jimeno, ya compareció en diciembre ante el instructor del ‘caso Malaya’, Miguel Ángel Torres, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes se trasladaron a su vivienda sobre las 7´45 horas y tras comunicarle su nueva imputación, la detuvieron delante de alguno de sus hijos. Era conocida la afición de la mujer de Roca a comprar ropa en París junto con la mujer del ex co-presidente del SCH, José María Amusátegui de la Cierva. “Lo que nos han quitado es la cuarta parte del total”, comentaba en la peluquería.

Jimeno fue trasladada a la Comisaría Provincial de Málaga, donde permanecerá hasta que sea puesta a disposición judicial, y se espera que los otros tres detenidos también sean trasladados allí.

La hija de Roca, de 23 años, se encuentra incomunicada en dependencias policiales de Madrid, y será trasladada en las próximas horas a Málaga. A este respecto, fuentes próximas a la familia de Roca mostraron su malestar por las circunstancias en las que se produjo el arresto de la joven, cuando iba a entrar a clase en el Instituto de Posgrado y Formación Continua ICAI-ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid.

Actualmente, el juez mantiene secretas parte de las actuaciones, que podrían corresponder al patrimonio de Roca y su entorno con el fin de continuar las pesquisas sobre la trama de corrupción municipal e inmobiliaria descubierta en Marbella.

La Asamblea Regional tiene previsto aprobar este miércoles, 14 de marzo, la ley de creación del Colegio de Periodistas de la Región, una iniciativa que contará, en principio, con el consenso de los tres grupos políticos allí representados. Así, al menos, lo aseguraba el presidente de la Asociación de la Prensa, Juan Antonio De Heras, tras entrevistarse la semana pasada con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, en el Palacio de San Esteban.
Según De Heras, la ley nace con el consenso y apoyo del PP, PSRM-PSOE e IU, lo que supone “un hito histórico” para esta Región, por lo que decía que confíaba que otras comunidades autónomas sigan esta iniciativa.

Sin embargo, los dos sindicatos mayoritarios han manifestado sus claras reticencias al proyecto en vísperas de su aprobación. Tanto CCOO como UGT coinciden en su postura. El primero de estos sindicatos habla de “grave atentado a la libertad de información y al ejercicio de la profesión periodística” junto a la “desprotección de los derechos laborales de los periodistas”. Según CCOO, el 95 por ciento de las personas que ejercen el Periodismo en la comunidad murciana lo hace como asalariada de las muy variadas empresas propietarias de medios, por lo que “no debe intentarse … hacerlas aparecer como profesionales liberales a la manera de abogados, ingenieros, médicos…”.

UGT, con similares argumentos, reitera su más absoluta disconformidad con el contenido y objetivo de este proyecto de ley, porque existen aspectos “claramente inconstitucionales” en el mismo e instan a los tres grupos parlamentarios a que no aprueben la mencionada iniciativa.

En el futuro, el presidente del Colegio de Periodistas lo será también de la Asociación de la Prensa, ya que jurídicamente seguirá existiendo esta institución con cien años de antigüedad que acaban de conmemorarse.

Tras la aprobación de la creación del Colegio se celebrará una asamblea constituyente. Para el presidente de la Asociación de la Prensa, “la intención es aunar y crear un proyecto integrador para los compañeros que no habían encontrado hasta ahora una vía para asociarse”.

Trinitario Casanova es, a los ojos de sus amistades, un empresario joven, dinámico y emprendedor. Sería algo así como lo que se conoce en siglas y abreviadamente por un JASP, acrónimo de Joven Aunque Suficientemente Preparado. En una amplia extensión de terreno, que se localiza en el término municipal de Águilas, pretendía construir una macrourbanización, un hotel de lujo y un campo de golf. Para ello no ahorró esfuerzos. Hasta adquirió medios de comunicación. Cuenta, no obstante, en esta Región con unas muy valiosas amistades. Es el caso del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, o el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto.

En las últimas horas se ha conocido que el Grupo Hispania, que Casanova preside, va a presentar una demanda contra el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel por paralizarle el proyecto de urbanización. Ya, a mediados del año pasado, el empresario llamó cobarde, con todas sus letras, al jefe del Ejecutivo regional.

En julio de 2006, el Gobierno murciano suspendió la tramitación del Plan Parcial de La Zerrichera por precisarse un plan de gestión y conservación de una zona que cuenta con varias figuras de protección medioambiental.

Este viernes un portavoz del Grupo Hispania citado por la agencia Efe ha dicho que "en breve", sin especificar la fecha exacta, presentarán una demanda contra el Gobierno regional por los “graves perjuicios ocasionados por la decisión de paralizar el Plan Parcial” de la finca. El grupo inmobiliario baraja también la posibilidad de emprender también acciones judiciales contra el candidato soicialista a la alcaldía de Águilas, Ramón Román, quien denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia un intento de soborno a ediles de su partido para que apoyaran la recalificación de terrenos en La Zerrichera.

Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Fernando de la Cierva, ha señalado que la Administración regional “siempre ha actuado en este asunto en función de informes administrativos y jurídicos que se han ido produciendo y entendemos que no tendría razón el planteamiento” del Grupo Hispania.
Añadía De la Cierva que el Gobierno “no puede actuar en función de informaciones periodísticas” y concluía que la posible denuncia de Hispania contra el Ejecutivo pondría de manifiesto que “nunca” se ha beneficiado a este grupo con la recalificación de La Zerrichera, como se asegura desde el PSRM-PSOE.

Para la portavoz parlamentaria del PSOE en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el propietario del Grupo Hispania, Trinitario Casanova, son los únicos que conocen a fondo los entresijos “del pelotazo” de La Zerrichera. Por ello les ha pedido a los dos que colaboren con la Justicia y pongan a su disposición cuanta información tengan en su poder.
Los socialistas sospechan que ese proyecto formaría parte de lo que ellos llaman “programa electoral oculto del PP y de Valcárcel”, quien habría llegado a un acuerdo con Trinitario Casanova y con el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, para “volver a intentarlo después de las elecciones”.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, manifestaba hoy en Cartagena que el anuncio de denuncia contra el Gobierno realizado por Casonova “sólo demuestra que el PP actúa teniendo en cuenta los intereses de la Región por encima de los de empresarios o partidos”.
Ruiz se ha mostradp muy crítico con la actuación del fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, por el trato distinto que ha concedido a los ediles socialistas y populares de Águilas.
El parlamentario del PP se preguntaba cómo si conocían un intento de soborno a concejales socialistas tanto el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, como otros miembros de la Ejecutiva, caso de su número dos, José Ramón Jara, “no fueron a los juzgados a denunciar el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de concejales socialistas en el ayuntamiento de Águilas”.

El fiscal jefe del TSJ presentaba el pasado mes de febrero una querella contra siete personas, entre ellas varios altos cargos del Ejecutivo autónomico, el propio alcalde de Águilas y un ex-concejal de ese Ayuntamiento, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento, cohecho y tráfico de influencias.

Alguien quiere convertir al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Manuel López Bernal, en el súper-juez Garzón de la judicatura murciana. Si ya en el PP andan con la mosca tras la oreja, las últimas palabras de la portavoz parlamentaria socialista ante la vuelta de la querella por el caso de La Zerrichera desde un juzgado de Lorca a los de Murcia, echan gasolina al fuego. Para Teresa Rosique, la decisión refuerza lo que el PSOE ha venido diciendo de que en este caso "el señor X está en San Esteban". Vaya órdago el suyo. Pero, ¿quién despejará finalmente la citada X?

Desde el PP regional ya le han contestado a la dirigente socialista, diciéndole su portavoz, Pedro Antonio Sánchez, que "le ha traicionado el subconsciente y aún cree que está en el Partido Comunista, atacando al 'X' de los GAL. Al parecer, olvida que el único 'X' de la historia de la democracia española estuvo en la etapa del Gobierno presidido por Felipe González".

La querella, presentada en Lorca, ha pasado ahora a reparto al Decanato de los juzgados de Murcia. El juzgado de Instrucción número tres de Lorca, que ostenta Juan Alcázar Alcázar, y en el que había tenido entrada, considera que la competencia corresponde a los órganos jurisdiccionales de Murcia, por lo que ha acordado no admitirla a trámite e inhibirse a favor de éstos.
En su auto, de fecha 5 de marzo, el juzgado lorquino afirma que los supuestos delitos que se atribuyen a los querellados -prevaricación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias- tienen una relación entre ellos, por lo que los competentes para estudiarlos son los juzgados donde radica la Audiencia Provincial.
Asimismo, el Ayuntamiento de Águilas, en diciembre de 2004, archivó el expediente abierto para la clasificación de suelo urbanizable no programado y terciario turístico de la finca La Zerrichera, "después de que la dirección general del Medio Natural considerara inadecuada la ejecución del complejo residencial".
Para el juez Alcázar, "estando archivado ese expediente, y sin solicitud alguna del Ayuntamiento de Águilas, la dirección general de Calidad Ambiental, el día 6 de abril de 2005 acuerda iniciar de oficio expediente de evaluación de impacto ambiental, y así se lo hace saber al Ayuntamiento, solicitándole la documentación oportuna".

Contra esa resolución puede presentarse recurso de reforma en los próximos tres días, si bien desde la Fiscalía aseguran que "no hay intención de hacerlo, ya que para el Ministerio Público lo importante es que se investiguen estos hechos, con independencia del Juzgado al que finalmente corresponda".

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, dice que con esta decisión queda patente que "existen supuestos delitos en dos Administraciones; por un lado, en la local, en el Ayuntamiento de Águilas; y por otro, en la regional, en la Comunidad Autónoma, debido a las actuaciones de representantes políticos en dichas administraciones".
Para Rosique, el juzgado de Lorca lo que reconoce con esta actuación es que este traslado se da porque afecta a dos o más personas en distintos lugares.
Además indica que lo que justifica el traslado de la querella a Murcia es por apreciar que los "más graves supuestos delitos que se ven en la querella serían delitos imputables a la actuación de altos cargos del Gobierno regional".

Desde las filas del PP, su portavoz, Pedro Antonio Sánchez, ha pedido "el máximo rigor en el proceso de La Zerrichera" para que "no se acabe perjudicando el prestigio de las instituciones y de la Justicia".
Sánchez señala que "después de que el fiscal jefe haya tenido un año para preparar esta querella, resulta, cuanto menos, llamativo que se haya equivocado de ventanilla", y agregó que "podría parecer que se ha cuidado más el efecto mediático que el rigor procesal".
Con respecto a las declaraciones de la portavoz del grupo parlamentario socialista, a Teresa Rosique le ha respondido que "está acostumbrada a retorcer la verdad para intentar manipularla".

Cabe recordar que la querella presentada por la Fiscalía del TSJ por presuntas actuaciones ilegales en torno a la recalificación de la finca de La Zerrichera, en el término municipal de Águilas, se dirige contra la ex directora general del Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el funcionario Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, y el ex concejal del PP en ese municipio, José López.

Hace sólo unas semanas, un diario regional daba cuenta de una cena de precampaña electoral que el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, había presidido en una de las numerosas pedanías con que cuenta el término municipal de la capital. En esa información se incluía una fotografía en la que, en una de sus esquinas, se identificaba a un joven periodista del diario La Verdad de quien muchos pudimos pensar que se encontraba allí por estrictas razones profesionales. Sin embargo, el motivo obedecía a causa muy distinta. Ese informador, Antonio Botías, alguien que ha subido muchos enteros en muy poco tiempo en su periódico -dicen que por el buen aval adquirido a su paso por la UCAM-, estaba en el punto de mira del PP que, no se sabe si por contrarrestar la presencia de una profesional de los medios encabezando la lista del PSOE, busca un homólogo u homóloga ante la marcha de su periodista oficial durante tres legislaturas, Antonio González Barnés.

El informador en cuestión, quien parece no hacer excesivos ascos a los cantos de sirena de la política, se ha especializado en eso que el propio Barnés hizo en La Opinión, en vísperas de su fichaje para la candidatura al Ayuntamiento de cara a las elecciones municipales de 1995: el costumbrismo, es decir, temas de Semana Santa, folklore, tradiciones…
Lo que es más que evidente es que el hipotético sustituto del todavía teniente de alcalde de Cultura y Festejos -aunque no se sabe si, caso de aceptar y gobernar, ostentaría esa responsabilidad- es un consumado especialista en pronunciar pregones a lo largo y ancho de la geografía murciana.

Otras opciones que han podido barajarse en el seno del PP municipal, según algunas informaciones periodísticas conocidas últimamente, pasarían por el veterano periodista, quien también estuvo en La Verdad, Pedro Soler, -cuya hija llegó al gabinete de prensa del Ayuntamiento tras cubrir durante un tiempo la información municipal para ese mismo medio en la Glorieta- y el archiconocido director de la Cope en Murcia, el polivalente Oché Cortés, al que ya nos referimos aquí en días pasados.