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Mientras Ramón Luis Valcárcel disfruta de sus delicias turcas, el titular del juzgado de instrucción número tres de Murcia, Antonio Alcaraz, admitía a trámite esta semana la querella que le remitió la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el espinoso caso de La Zerrichera. No quiso pues el presidente vivir aquí, en vivo y en directo, en la ciudad a la que tanto quiere y de la que tanto presume, su particular semana de pasión y quizá su calvario, si es que lo hay.

Y aunque la oposición de desgañite pidiendo que dé la cara en la Asamblea Regional y ante la opinión ciudadana, el presidente les dirá que nones, y que ya de un tirón, con las elecciones a la vuelta de la esquina, lo mejor es pasar página y esperar al revolcón que, asegura a los suyos, dará a las huestes del socialista Pedro Saura, al que cada vez le tiene más ganas "porque se ha metido con mi familia" dice ufano. Porque si no, ¿cómo se entiende que Valcárcel vaya pregonando a sus fieles tranquilidad, con la que está cayendo? ¿Y que le ofrezca a una actual diputada un puesto por debajo del número 13 en la circunscripción de Murcia, jurándole casi que saldrá elegida?

Los socialistas se frotan las manos con todo este berenjenal en torno a los tribunales. E inciden en que ya no el fiscal López Bernal, que los populares tachan de pro-PSOE, sino que es el juez al que le ha tocado el caso, el que contempla que no se entendería la coordinación sucesiva de las distintas administraciones local y autonómica sin una "previa concertación", no simultánea ni posterior a la tramitación del expediente de recalificación de terrenos, sino anterior.

Muchos comparten que la X de este entramado está mucho más arriba de los cinco imputados del Gobierno autonómico, es decir, los directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.
Junto a ellos, en el ayuntamiento de Águilas, término en el que se ubica el paraje de La Zerrichera, están imputados su alcalde, Juan Ramírez Soto, y el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y Jardines, José López Díaz. Por cierto, que el primero, por el momento, repetirá como cabeza de lista porque “ha sido un buen alcalde”, en palabras del propio Valcárcel hace tan sólo unos días.

Todo indica que aunque mucho corra el juez Alcaraz y agilice las comparecencias, la inmediatez de las elecciones del 27-M impedirá que para esa fecha haya salido algo en claro. Y quizá menos aún que, como alguien sugiere, las imputaciones se puedan ampliar a la mesa del Consejo de Gobierno, donde todavía se sienta el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana y, hasta hace unos meses, lo hacía también el que fuera responsable de Medio Ambiente, Francisco Marqués.
Los delitos que se contemplan en la querella son de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho. En suma, supuestas actuaciones con un grado de irresponsabilidad que no suenan a broma, precisamente.