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Trinitario Casanova es, a los ojos de sus amistades, un empresario joven, dinámico y emprendedor. Sería algo así como lo que se conoce en siglas y abreviadamente por un JASP, acrónimo de Joven Aunque Suficientemente Preparado. En una amplia extensión de terreno, que se localiza en el término municipal de Águilas, pretendía construir una macrourbanización, un hotel de lujo y un campo de golf. Para ello no ahorró esfuerzos. Hasta adquirió medios de comunicación. Cuenta, no obstante, en esta Región con unas muy valiosas amistades. Es el caso del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, o el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto.

En las últimas horas se ha conocido que el Grupo Hispania, que Casanova preside, va a presentar una demanda contra el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel por paralizarle el proyecto de urbanización. Ya, a mediados del año pasado, el empresario llamó cobarde, con todas sus letras, al jefe del Ejecutivo regional.

En julio de 2006, el Gobierno murciano suspendió la tramitación del Plan Parcial de La Zerrichera por precisarse un plan de gestión y conservación de una zona que cuenta con varias figuras de protección medioambiental.

Este viernes un portavoz del Grupo Hispania citado por la agencia Efe ha dicho que "en breve", sin especificar la fecha exacta, presentarán una demanda contra el Gobierno regional por los “graves perjuicios ocasionados por la decisión de paralizar el Plan Parcial” de la finca. El grupo inmobiliario baraja también la posibilidad de emprender también acciones judiciales contra el candidato soicialista a la alcaldía de Águilas, Ramón Román, quien denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia un intento de soborno a ediles de su partido para que apoyaran la recalificación de terrenos en La Zerrichera.

Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Fernando de la Cierva, ha señalado que la Administración regional “siempre ha actuado en este asunto en función de informes administrativos y jurídicos que se han ido produciendo y entendemos que no tendría razón el planteamiento” del Grupo Hispania.
Añadía De la Cierva que el Gobierno “no puede actuar en función de informaciones periodísticas” y concluía que la posible denuncia de Hispania contra el Ejecutivo pondría de manifiesto que “nunca” se ha beneficiado a este grupo con la recalificación de La Zerrichera, como se asegura desde el PSRM-PSOE.

Para la portavoz parlamentaria del PSOE en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el propietario del Grupo Hispania, Trinitario Casanova, son los únicos que conocen a fondo los entresijos “del pelotazo” de La Zerrichera. Por ello les ha pedido a los dos que colaboren con la Justicia y pongan a su disposición cuanta información tengan en su poder.
Los socialistas sospechan que ese proyecto formaría parte de lo que ellos llaman “programa electoral oculto del PP y de Valcárcel”, quien habría llegado a un acuerdo con Trinitario Casanova y con el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, para “volver a intentarlo después de las elecciones”.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, manifestaba hoy en Cartagena que el anuncio de denuncia contra el Gobierno realizado por Casonova “sólo demuestra que el PP actúa teniendo en cuenta los intereses de la Región por encima de los de empresarios o partidos”.
Ruiz se ha mostradp muy crítico con la actuación del fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, por el trato distinto que ha concedido a los ediles socialistas y populares de Águilas.
El parlamentario del PP se preguntaba cómo si conocían un intento de soborno a concejales socialistas tanto el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, como otros miembros de la Ejecutiva, caso de su número dos, José Ramón Jara, “no fueron a los juzgados a denunciar el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de concejales socialistas en el ayuntamiento de Águilas”.

El fiscal jefe del TSJ presentaba el pasado mes de febrero una querella contra siete personas, entre ellas varios altos cargos del Ejecutivo autónomico, el propio alcalde de Águilas y un ex-concejal de ese Ayuntamiento, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento, cohecho y tráfico de influencias.