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Alguien quiere convertir al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Manuel López Bernal, en el súper-juez Garzón de la judicatura murciana. Si ya en el PP andan con la mosca tras la oreja, las últimas palabras de la portavoz parlamentaria socialista ante la vuelta de la querella por el caso de La Zerrichera desde un juzgado de Lorca a los de Murcia, echan gasolina al fuego. Para Teresa Rosique, la decisión refuerza lo que el PSOE ha venido diciendo de que en este caso "el señor X está en San Esteban". Vaya órdago el suyo. Pero, ¿quién despejará finalmente la citada X?

Desde el PP regional ya le han contestado a la dirigente socialista, diciéndole su portavoz, Pedro Antonio Sánchez, que "le ha traicionado el subconsciente y aún cree que está en el Partido Comunista, atacando al 'X' de los GAL. Al parecer, olvida que el único 'X' de la historia de la democracia española estuvo en la etapa del Gobierno presidido por Felipe González".

La querella, presentada en Lorca, ha pasado ahora a reparto al Decanato de los juzgados de Murcia. El juzgado de Instrucción número tres de Lorca, que ostenta Juan Alcázar Alcázar, y en el que había tenido entrada, considera que la competencia corresponde a los órganos jurisdiccionales de Murcia, por lo que ha acordado no admitirla a trámite e inhibirse a favor de éstos.
En su auto, de fecha 5 de marzo, el juzgado lorquino afirma que los supuestos delitos que se atribuyen a los querellados -prevaricación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias- tienen una relación entre ellos, por lo que los competentes para estudiarlos son los juzgados donde radica la Audiencia Provincial.
Asimismo, el Ayuntamiento de Águilas, en diciembre de 2004, archivó el expediente abierto para la clasificación de suelo urbanizable no programado y terciario turístico de la finca La Zerrichera, "después de que la dirección general del Medio Natural considerara inadecuada la ejecución del complejo residencial".
Para el juez Alcázar, "estando archivado ese expediente, y sin solicitud alguna del Ayuntamiento de Águilas, la dirección general de Calidad Ambiental, el día 6 de abril de 2005 acuerda iniciar de oficio expediente de evaluación de impacto ambiental, y así se lo hace saber al Ayuntamiento, solicitándole la documentación oportuna".

Contra esa resolución puede presentarse recurso de reforma en los próximos tres días, si bien desde la Fiscalía aseguran que "no hay intención de hacerlo, ya que para el Ministerio Público lo importante es que se investiguen estos hechos, con independencia del Juzgado al que finalmente corresponda".

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, dice que con esta decisión queda patente que "existen supuestos delitos en dos Administraciones; por un lado, en la local, en el Ayuntamiento de Águilas; y por otro, en la regional, en la Comunidad Autónoma, debido a las actuaciones de representantes políticos en dichas administraciones".
Para Rosique, el juzgado de Lorca lo que reconoce con esta actuación es que este traslado se da porque afecta a dos o más personas en distintos lugares.
Además indica que lo que justifica el traslado de la querella a Murcia es por apreciar que los "más graves supuestos delitos que se ven en la querella serían delitos imputables a la actuación de altos cargos del Gobierno regional".

Desde las filas del PP, su portavoz, Pedro Antonio Sánchez, ha pedido "el máximo rigor en el proceso de La Zerrichera" para que "no se acabe perjudicando el prestigio de las instituciones y de la Justicia".
Sánchez señala que "después de que el fiscal jefe haya tenido un año para preparar esta querella, resulta, cuanto menos, llamativo que se haya equivocado de ventanilla", y agregó que "podría parecer que se ha cuidado más el efecto mediático que el rigor procesal".
Con respecto a las declaraciones de la portavoz del grupo parlamentario socialista, a Teresa Rosique le ha respondido que "está acostumbrada a retorcer la verdad para intentar manipularla".

Cabe recordar que la querella presentada por la Fiscalía del TSJ por presuntas actuaciones ilegales en torno a la recalificación de la finca de La Zerrichera, en el término municipal de Águilas, se dirige contra la ex directora general del Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el funcionario Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, y el ex concejal del PP en ese municipio, José López.