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En un informe elaborado por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal, se asegura que no ha existido una trama para favorecer el robo de agua y beneficiar a media docena de grupos económicos vinculados a los sectores agrícola y constructor. Han sido casi 4 años de investigación tras los que desde la fiscalía se insta al juzgado de instrucción número 7 de Murcia a que archive la causa general. Aquellas infracciones individuales deberán investigarse en los juzgados pertinentes de origen.

Fue en 2002 cuando desde la fiscalía de Medio Ambiente del TSJ de Madrid se abría la investigación imputando a los responsables de entonces en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) supuestos delitos de prevaricación, usurpación de caudales públicos así como de atentar contra el medio ambiente. No se halló en aquel entonces culpabilidad alguna y el caso se remitió a la Región de Murcia. En la fiscalía murciana, tras examinar minuciosamente casi un millar de expedientes sancionadores de entre los años 1997 y 2004, tampoco han encontrado nada punible. Tras ello, todo hace indicar que la causa de la supuesta trama del robo de agua en la Región deberá ser sobreseída y archivada.

Por su parte, Juan Cánovas Cuenca, el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura en la etapa del PP, entre los años 2000 y 2004, recibía con satisfacción la decisión del fiscal jefe del TSJ de Murcia. En declaraciones al diario La Verdad, Cánovas critica el trato que recibió de la ministra Cristina Narbona, a la que pide ahora una rectificación pública.

Al valorar la decisión, y ante la pregunta de si se había sentido linchado públicamente, Cánovas contestó que “lo que percibo ahora, desde la distancia, es que en abril del año 2004 se nos trató peor que en la actualidad se pretende tratar a los terroristas. Quisieron sacrificarnos en aras de un objetivo mayor, que era desprestigiar la política hidráulica del Gobierno del PP”.


El actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, también ha mostrado su satisfacción por la propuesta de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. La citada propuesta, hecha por el fiscal jefe, está, según fuentes de la propia CHS, “en sintonía con las manifestaciones y hechos que siempre ha realizado Fuentes Zorita, distinguiendo la actividad profesional de los funcionarios de la actividad política de sus dirigentes, y como prueba de ello, los dos funcionarios que aún siguen en activo ejercen actualmente de jefes de Área de la CHS, que en la carrera administrativa es uno de los más altos niveles que se puede alcanzar”.

Fuentes Zorita considera que “la mala la gestión del organismo denunciada por el fiscal jefe deriva de la intromisión política del Gobierno regional y del Ejecutivo central anteponiendo intereses partidistas al interés general de los ciudadanos, y creando un caldo de cultivo que favorecía prácticas ilegales que no fueron adecuadamente sancionadas”.

Sin embargo desde la Comisión Pro Río se exige al Fiscal General del Estado, Cándido Conde- Pumpido, el cese del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal. Para este colectivo, en su informe, el fiscal jefe de Murcia reconoce dos cuestiones fundamentales: que de “lo estudiado resulta evidente la existencia de usurpaciones de agua” y que “durante largos años la gestión de distintas directivas de la Confederación Hidrográfica ha sido nefasta en lo que atañe a la evitación del uso ilegal del agua en toda la Cuenca del río Segura”. Sin embargo, añaden, "desimputa de responsabilidad a la CHS y elimina el caso del Chopillo del proceso".

Para Pro-Río, “la decisión, además de escandalosa, es un insulto a la inteligencia, a las víctimas del robo el agua y, especialmente, a la fiscalía, que la deja en muy mal lugar ante su responsabilidad y ante la ciudadanía, demostrando su incapacidad técnica y que este proceso le viene grande”.