elConfidencialdeMurcia

“No puedo permitir que los socialistas sigan asociando Cartagena al escándalo y la corrupción urbanística”. Esa es la justificación que ha dado la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, para trasladar a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia el expediente del controvertido proyecto urbanístico de Lo Poyo.
La alcaldesa popular asegura que no conoce al empresario cartagenero Juan Antonio Roca, actualmente en prisión; añade que el trámite de recalificación en esa finca se inició en el año 1988.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento cartagenero han entregado en el TSJ siete cajas de documentación referente al expediente de Lo Poyo, informes que han preparado exhaustivamente en las últimas dos semanas.
Barreiro ha puesto en conocimiento de la fiscalía “las acusaciones de cohecho” de que ha sido objeto por parte de la portavoz socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, por si fuesen constitutivas de delito, y pide que se abra una investigación sobre la recalificación de terrenos en este espacio.

Por su parte, la socialista Teresa Rosique ha reiterado este miércoles que el PSOE no parará hasta que se aclare qué hace la trama marbellí y Juan Antonio Roca en Lo Poyo, y por qué alguien hizo una inversión multimillonaria en unos terrenos que el Plan General contemplaba en ese momento como no urbanizables y que ni siquiera contaban con una Declaración de Impacto Ambiental favorable.
La portavoz parlamentaria del PSRM añade que “no estamos hablando de una recalificación urbanística más; estamos hablando de la recalificación urbanística de unos terrenos cuyos propietarios desde 2004 son empresas vinculadas con la trama marbellí; una recalificación urbanística que decide políticamente el Partido Popular, y a la cabeza su alcaldesa Pilar Barreiro, que es quien dirige el Ayuntamiento de Cartagena”.
Para Rosique, la alcaldesa está muy nerviosa desde que el PSOE apuntó a la relación de la trama marbellí con Lo Poyo. “Me parece muy bien que le haya trasladado al fiscal toda la documentación administrativa, y le pregunto si también le ha informado de la parte en la que dice que Juan Antonio Roca está en Lo Poyo. Si no lo ha hecho que no se preocupe, que la parte en la que se demuestra que la trama marbellí está en Lo Poyo la aportaremos nosotros”, concluye la portavoz del PSRM-PSOE en la cámara legislativa murciana.

La televisión autonómica con que nos ha obsequiado el Gobierno regional del PP, se dispone a poner en liza a sus rutilantes fichajes para la temporada: se trata de los presentadores Bertín Osborne y Carlos Lozano.

El primero se ocupará de un programa sobre la actualidad futbolística en la noche de los domingos (La 7 en juego) y de un concurso diario a la búsqueda de parejas (entre 21´30 y 22´00 horas). El segundo, conducirá un magazine de variedades en la noche de los viernes.

Lo que cabe preguntarse ahora es: ¿qué sueldo percibirán estas dos estrellas que la televisión de la Comunidad de Murcia ha decidido contratar para su atractiva parrilla? ¿Pero no habíamos quedado en que ésta sería una televisión barata para el ciudadano? ¿Cuánto tiempo aguantarán los accionistas de la tele autonómica (constructores, charcuteros, etc.) poniendo billetes para mayor gloria del invento ruizviviano? El tiempo lo dirá.

Con estos mimbres se presenta la 7, que ya emite 24 horas desde el pasado 18 de septiembre y que posee tres ediciones informativas al día. Emitir ininterrumpidamente carece de mérito sobre todo cuando el caudal de películas que se exhiben podría competir directamente con la baja calidad de las que pueda ofrecer a sus espectadores Tele-Móstoles, por poner sólo un ejemplo lejano y no herir excesivas susceptibilidades.

Otro lunar en la programación lo constituye ese bochornoso karaoke, que recorre pueblos y ciudades de la geografía murciana, para dar su oportunidad y su minuto de gloria a vocacionales cantantes desafinados cuyo mayor logro podría ser provocar la tan ansiada lluvia en nuestra seca Región.

Y ya hablaremos más adelante de otros programas, como esa descarada copia del "España directo" de TVE, "Madrid directo" de Telemadrid o "Andalucía directo" de Canal Sur y que se llama "Desde aquí" -ingeniosa denominación- o del magazine vespertino al que sólo le falta, para una mejor ambientación, la mesa camilla y la lana para tricotar.

El Consejo Fiscal ya ha aprobado el nombramiento de José María Alcázar Vieira de Abreu como fiscal delegado de Anticorrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Trabajo tendrá, sin duda, este prestigioso magistrado de 56 años a tenor de la que está cayendo y lo que se espera que caiga a lo largo de los próximos meses por estos andurriales.
El controvertido asunto de Lo Poyo, es decir, la posible conexión de la trama marbellí con nuestra Región a través de empresarios y políticos relacionados con el empresario detenido y recluido en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre, Juan Antonio Roca, será una de las primeras cuestiones a las que se tendrá que enfrentar el nuevo fiscal.

Desde la oposición murciana se siguen preguntado a estas alturas quién del Partido Popular habló con Roca y le garantizó en su día la recalificación de los terrenos de Lo Poyo. El empresario cartagenero participó en la compra, que se llevó a cabo en marzo de 2004, por un importe de más de 40.000 millones de pesetas. Sorprende que la misma se hiciera cuando ni siquiera se había iniciado la recalificación urbanística de los mencionados terrenos por parte del Ayuntamiento de Cartagena.

Así pues la duda surge y lleva a cuestionarse, con toda lógica, quién garantizó a Juan Antonio Roca que Lo Poyo iba a ser recalificado para que invirtiera tanto dinero en la compra de unos terrenos que, en los momentos en los que se adquirieron, todavía no eran urbanizables.
Hay quien sostiene que esa vinculación del empresario con Lo Poyo es lo que conduce a que el PP se opusiera en su día a que se constituyera una comisión de investigación en la Asamblea Regional, a propuesta del PSRM-PSOE, y que analizara el alcance de la trama marbellí en la Comunidad de Murcia.

¿Tiene miedo el PP a la investigación de Lo Poyo? Desde las filas socialistas aseguran que su mayoría en la cámara legislativa regional no va a frenar la necesaria investigación que al respecto se tenga que realizar por otras instancias como son las judiciales.

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Teresa Rosique, se cuestiona una y otra vez qué saben de todo este entramado el diputado nacional del PP por Murcia, el cartagenero Andrés Ayala; el hermano del presidente de la Comunidad, el abogado Carlos Valcárcel y la alcaldesa de Cartagena, la también popular Pilar Barreiro.
Lo que demanda la ciudadanía es que se aclare, de una vez por todas, la presencia del ingeniero financiero Juan Antonio Roca y la trama marbellí en este controvertido tema de Lo Poyo. En ese sentido conviene no perderse la crónica que publica esta semana en el elconfidencial.com el periodista y profesor universitario murciano, José Luis Vidal Coy.

La candidata socialista a la alcaldía de Murcia, María José Alarcón, ocupó un lugar preferente (en la foto ampliada, en el margen izquierdo tras la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega) durante la pasada conferencia política del PSOE, celebrada este fin de semana en Madrid.
Fue a lo largo del debate en el que participó la que puede ser aspirante del PSF a la presidencia francesa, Ségolène Royal. Allí estaban también, entre otras y como indicábamos, la vicepresidenta primera del Gobierno o la ex ministra Carmen Alborch.

En ese foro se puso de manifiesto, entre otras cosas, que “las violencias contra la mujer son un crimen incompatible con nuestro Estado de Derecho, con nuestra Democracia y con la libertad y autonomía de las mujeres.

La violencia de género, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, se producen contra las mujeres por el hecho de ser mujer, he aquí el rasgo diferencial, y por ello la necesidad de darle tratamientos especiales.

También es violencia no incluir las peculiaridades femeninas en los protocolos médicos, o mirar hacia otro lado cuando se habla de la feminización de la pobreza.

La desaparición de las violencias contra la mujer debe ser un objetivo de toda la sociedad, de todas las formaciones políticas, de todos y todas, porque únicamente de esta forma, se conseguirá”.

Entrevistaba esta mañana en la Cope, sobre las nueve y cuarto, el gurú de la derecha mediática Federico Jiménez Losantos al presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.
Que si los socialistas de aquí son muy malos, malísimos, que si no quieren que venga agua, que mandan a los inmigrantes sin avisar a las autoridades locales, … Lo de siempre. Jaboncillo para Valcárcel por parte del locutor de la cadena de los obispos: “Nada, que los socialistas están empeñados en que usted gane ahí las elecciones con el cien por cien de los votos”. Complacencia del presidente.
Luego, palos desde la más alta instancia regional para el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura, “ese señor que votó contra el Plan Hidrológico para que no viniese un hectómetro de agua a nuestra cuenca”.
Añadía Valcárcel, con su gracejo habitual y su voz impostada:
-“Yo a estos los llamo políticos-lumbago”.
Respuesta de Federico:
-“Hombre, ¡qué ocurrente! Me permitirá que me apropie del término para mi uso personal”.
-“Por supuesto”, concluía el jefe del ejecutivo murciano.

Ramón Luis Valcárcel ha confesado estar preocupado ante la grave sequía que asola España, aunque asegura que le preocupa más la sequía de ideas que llega desde el Ejecutivo. Y es que a su juicio, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en concreto al Ministerio de Medio Ambiente que dirige Cristina Narbona “les viene grande el problema porque aunque España está llena de agua no saben repartirla y prefieren echarles la culpa a otros”.
“La ministra intenta buscar responsabilidades en otras personas y es incapaz de resolver el problema de agua que tiene Murcia y otras regiones de España”, lamentaba el presidente murciano que al mismo tiempo criticaba la gestión del Gobierno en materia de inmigración y, sobre todo, "que sean incapaces de reconocer públicamente que están derivando inmigrantes irregulares a las comunidades gobernadas por el PP".