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La Mesa del Congreso rechazaba dos peticiones del PP para que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, comparezca ante la Comisión de Justicia para informar sobre la vinculación de cargos fiscales de Murcia y Lugo con el PSOE.
Los miembros de la Mesa del PSOE, CiU e IU-ICV no apoyaron la admisión a trámite de las iniciativas del grupo popular.
En el caso más cercano, el PP había solicitado explicaciones a Conde-Pumpido por una supuesta incompatibilidad del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, respecto al caso del aparcamiento de San Esteban, en la capital murciana, en el que también intervino su esposa, Amparo Hornillos, una letrada que trabajaba para los socialistas murcianos.
A juicio del PP, estos episodios ponen de manifiesto la creciente "politización" de la Fiscalía General y su función de "brazo armado" del PSOE contra el principal partido de la oposición.

Precisamente hoy, el periodista Vidal Coy publica un comentario en El Confidencial.com que titula: El fiscal jefe del TSJ de Murcia se convierte en el nuevo enemigo público del Partido Popular, en el que apunta que “en el fondo del asunto está el nerviosismo que se enseñorea cada vez más con las filas del PP murciano al ver que el nuevo fiscal jefe –miembro de la Asociación de Fiscales Progresistas– lleva abiertas catorce diligencias informativas sobre escándalos urbanísticos en Murcia”.
Y añade: “El propio fiscal aclaró recientemente en una entrevista que la proporción de casos que afectan al PP y al PSOE se corresponde casualmente con la proporción de ayuntamientos que uno y otro partido gobiernan en la Región: 75% y 25%, respectivamente, de los 45 municipios murcianos”.