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Al PP regional no paran de saltarle los escándalos. El más reciente, desvelado por la Ser, el de alcalde de San Javier, José Hernández. Formalizó una sociedad inmobiliaria con dos amigos "para hacernos unas casas en Valencia". Lo llamativo del caso es que esos "dos amigos" son propietarios, a su vez, de sendas sociedades empresariales del negocio de la construcción y que han construido el nuevo ayuntamiento, un aparcamiento subterráneo, la biblioteca y el centro de día de la Tercera Edad, entre otras actuaciones, por un importe que rondaría los 11 millones de euros.

El Partido Popular ha reclamado ya a su alcalde un informe jurídico que avale la legalidad de su actuación. Lo ha confirmado hoy el presidente de la Comunidad y del PP, Ramón Luis Valcárcel, quien ha dicho: "No seré yo quien dé explicaciones de esto cuando ya lo ha hecho el alcalde y cuando, además, el secretario general del PP, Miguel Ángel Cámara, le ha indicado que sus manifestaciones vengan avaladas por un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento".

Valcárcel se refería así a las declaraciones que ayer efectuó el alcalde de San Javier tras presentar el festival de jazz de esa población marmenorense, declaraciones que no tienen desperdicio.

Desde el PSRM-PSOE se ha exigido hoy a Valcárcel que dé la cara y que diga si comparte las palabras de José Hernández. El secretario de Organización, Francisco Oñate, ha dicho que "ni los alcaldes del GIL en Marbella llegaron a tanto como están llegando algunos dirigentes populares en esta Región".

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[Agencia EFE]

El alcalde de San Javier, José Hernández, reconoció que forma parte de una sociedad junto con un grupo de "amigos" constructores para edificar cinco casas particulares en Valencia, y afirmó que se trata "de una sociedad, no una promotora" y que "ahí no hay negocio".
Hernández hizo estas manifestaciones después de que la Cadena Ser dijera que es socio de la empresa "Nueva Valencia Al Mar S.L.", creada en febrero de 2004, y formada por un arquitecto valenciano, el propio alcalde, y los dueños de las constructoras Peinsa y Urdemasa, de las que más obra pública ejecutan en ese municipio.
Reconoció ser socio junto con otros "amigos" para la construcción de "cinco casas" en Valencia, y recordó que es empresario desde hace 30 años, "antes de ser político", por lo que tiene muchos amigos empresarios.
Se refirió, sin mencionar nombres, a empresas que han sido adjudicatarias de obra pública en San Javier pero advirtió que en el municipio se contratan "todas" las obras en subasta pública como marca la ley, y que en la apertura de los sobres están todos aquellos que han concurrido, "y el que se la lleva, que vaya a la baja, se la ha llevado".
El alcalde, quien se preguntó si se le está acusando de incurrir en tráfico de influencias, consideró que decir eso sería "absurdo", ya que las adjudicaciones se hacen por subasta.
En relación con "la otra empresa", que Hernández tampoco citó, y de la que "se dice que desarrolla un macro proyecto", señaló que para él un macro proyecto sería la construcción de entre 20.000 y 30.000 viviendas, y en este caso "son 300" casas, por lo que "más bien es un mini proyecto".
Además, precisó que tal empresa compró un plan parcial a otra "cuando (el plan) ya estaba legalizado".
Hernández, quien dijo que no deseaba "hablar mucho" sobre esta cuestión, pidió que no se lancen acusaciones basadas en "vaguedades", ya que "ante eso no puedo defenderme".
La empresa constructora Peinsa, con sede en San Pedro del Pinatar, y cuyo propietario, según la Cadena Ser es Juan Gracia Martínez, informa en su página web que lleva a cabo ocho promociones inmobiliarias en la Región, entre ellas la urbanización "Señorío de Roda", en San Javier, con viviendas y campo de golf.
Esta constructora tiene presencia además en urbanizaciones del litoral alicantino como Campoamor, donde altos cargos de la administración regional murciana cuentan con segundas residencias.
En la misma urbanización, perteneciente al término municipal de Orihuela ha desarrollado también actividad constructora en los últimos años la promotora Urdemasa, con sede en San Javier y propiedad de Santiago Martínez Esparza, según la Ser.