elConfidencialdeMurcia

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha pedido por tercera vez a la consejería de Industria y Medio Ambiente la documentación relativa al proyecto de Puerto Mayor.
Dentro del proceso judicial abierto tras el recurso presentado por las organizaciones ANSE y Greenpeace contra el proyecto de Puerto Mayor, la sala ha dictado una resolución que ordena a la consejería que remita esa documentación antes de diez días, bajo apercibimiento de multa.
En concreto, pide los datos del expediente del levantamiento de la suspensión de esas obras
aprobado por el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, -quien, procedente de la etapa de Marqués continuará en su puesto con el nuevo consejero, Benito Mercader- no enviada por el Gobierno regional en las dos ocasiones anteriores en las que se le pidió.
Ambas organizaciones entienden "que si la consejería se niega de nuevo a entregarlo deberá procederse seguidamente a la apertura de diligencias penales contra sus responsables por la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial".
Según el presidente de ANSE, Pedro García, con este proceder los responsables de la consejería estarían "tratando de ocultar las graves responsabilidades en que podría haber incurrido Alvarado al acordar de forma improcedente el levantamiento de la suspensión de las obras ordenado antes por la Comunidad al comprobar que el proyecto era ilegal por ser contrario a la normativa de Costas y de Medio Ambiente".
Se añade que "a pesar de ser contrario a derecho y contar con una sentencia del Tribunal Supremo que establece que la Comunidad debía proceder a declarar su nulidad con la tramitación de un procedimiento de revisión de actos nulos, las obras de este puerto, con capacidad para unos 950 amarres, siguieron adelante sólo para favorecer los intereses particulares de la empresa".