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Al final, el empresario cartagenero Tomás Olivo declaró este jueves ante el juez de Marbella. Y como entró, salió. En libertad y sin cargo alguno ya que el juez instructor del caso derivado de la operación Malaya, Miguel Ángel Torres, no tomó ninguna medida preventiva contra él ya que no le imputaba delito alguno.
Olivo declaró durante menos de una hora asistido por su abogado ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de la localidad costasoleña y el Fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.
La declaración perseguía "salvaguardar sus derechos" y por tal motivo se puso a disposición del magistrado -que lo citó por la mañana en la sede judicial- respondiendo a todas las preguntas que se le formularon durante su comparecencia.
Olivo se puso en contacto con un despacho de abogados marbellí tras algunas informaciones periodísticas que lo relacionaban con la trama de corrupción en el Ayuntamiento que hasta el momento se ha saldado con 25 detenidos, de los cuales doce están encarcelados en la prisión de Alhaurín de la Torre.
Dichas informaciones también le vinculaban con el presunto cerebro de dicha trama, el ex gerente de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, paisano de Olivo.
Al parecer, el juez Torres pretendía contrastar algunos datos de la investigación con Tomás Olivo y conocer su versión de algunos hechos ocurridos en Marbella en los últimos años.
Tras prestar declaración, el empresario abandonó las dependencias judiciales al no haber tomado el juez ninguna medida preventiva contra él.
Entre otros negocios, Tomás Olivo posee el centro comercial La Cañada de Marbella y recientemente adquirió en subasta pública el edificio de la céntrica avenida marbellí de Ricardo Soriano en el que se ubica la emisora de Radio Nacional de España, además de ser propietario de distintos establecimientos en Almería y Cádiz.