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El pleno del Ayuntamiento será soberano a la hora de gobernar el municipio de La Unión. Así lo entiende el portavoz de IU+LV en esa localidad, José Haro, tras rechazar anoche la asamblea de su formación cualquier tipo de pacto al anular el Tribunal Constitucional un voto y provocar un empate a ocho ediles entre PP y PSOE. La coalición de la eco-izquierda tiene la llave de la gobernabilidad unionense. Así las cosas, Francisco Martín Bernabé, alcalde popular de La Unión, seguirá al frente del consistorio como cabeza de la lista más votada el pasado 27 de mayo. Por su parte, el ex alcalde, el socialista José Manuel Sanes, no oculta su decepción con la determinación de IU+LV que posibilita que la derecha gobierne ese municipio. Los socialistas sospechan que se terminará aprobando el proyecto de los contenedores del Gorguel, del todo incompatible, advierten, con la actual regeneración de la Bahía de Portmán que lleva a cabo el Ministerio de Medio Ambiente. El portavoz de la Ejecutiva del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ya ha anunciado que los servicios jurídicos de su partido han presentado recurso para que se repita el pleno de elección de alcalde, en tanto el concejal número 8 del PSOE no tuvo la oportunidad de votar en su día.

Durante la asamblea local de ayer se pusieron de manifiesto las profundas heridas, prácticamente irreconciliables, que hay entre IU y PSOE, heridas derivadas de las pasadas legislaturas. Entre el medio centenar de militantes de la coalición de izquierdas había quien aseguraba no entender cómo se podía poner sobre la mesa la posibilidad de pactar con gente que les ha denigrado públicamente y a la que han denunciado reiteradas veces. Y es que para IU, los socialistas unionenses no se diferencian mucho del PP y ponen como ejemplo, dicen, las políticas llevadas a cabo en los últimos tiempos. El coordinador local, José Haro, asegura con que, a partir de ahora, se abrirá un período en el que ha de reinar la transparencia, el consenso y la participación ciudadana en el ámbito municipal de la localidad minera por excelencia.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido por unanimidad abrir un expediente por falta grave al juez Fernando Ferrín Calamita, titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, por el auto en el que otorga la custodia de dos niñas al padre porque la madre mantenía una relación lésbica.

Además, ha decidido analizar, a partir de septiembre, el resto se autos polémicos de este juez, para estudiar si cabe algún otro tipo de disciplina. El portavoz del CGPJ, Enrique López, ha indicado que también se le ha abierto una información previa, "por una denuncia relativa a un expediente de adopción".

Ferrín Calamita está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia tras la denuncia de una pareja de lesbianas que considera que está retrasando adrede el proceso de adopción de la hija de una de ellas.

Numerosas organizaciones presentaron el lunes una queja ante el CGPJ en la que denunciaban el auto, del pasado 6 de junio, en el que aparecen afirmaciones como "es imposible que dos progenitores homosexuales den una formación integral" y en el que se insta a la madre a "elegir entre sus hijas o la nueva pareja".

El ex marido de la afectada denunció que la nueva pareja de ésta es otra mujer, algo que ella niega. El magistrado ha dado credibilidad a la versión del padre y le ha retirado la custodia de las niñas porque, según sostiene, la relación sentimental de la madre perjudica al desarrollo de las niñas.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dicho este martes que la función de un juez no es utilizar las sentencias para verter conceptos al margen de la Constitución, en referencia a la decisión del titular del juzgado de primera instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita, que ha asegurado que la homosexualidad de una madre perjudica a sus hijas.

Fernández Bermejo añade que "los órganos de inspección de la Justicia están actuando" y mostraba su deseo de que "se aclare todo con las respuestas que el ordenamiento jurídico prevé para cada caso".

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia tiene abiertos a fecha de hoy dos expedientes al juez de Familia y titular del juzgado de Instrucción número 9 de la capital, a tenor de dos resoluciones relativas a custodia y adopción de menores y a raíz de las quejas presentadas por las partes implicadas.

Así, el TSJ incoaba un expediente gubernativo el pasado 14 de junio a Ferrín Calamita por la queja presentada por un letrado en relación con el auto de medidas provisionales adoptadas en una separación, en las que atribuía al padre la custodia de dos menores porque la supuesta homosexualidad de la madre les perjudica y "aumenta el riesgo" de que las menores también lo sean. El juez señala que la mujer "tendrá que elegir entre sus hijas o la nueva pareja". Y añade: "La condición de toxicómano, pederasta, prostituta, pertenencia de uno de los progenitores a una secta satánica, etcétera, entiendo que afecta negativamente a los hijos, al igual que una relación heterosexual del progenitor custodio puede perjudicar a los menores y servir de base para un cambio de custodia; pues lo mismo la de homosexual".

El expediente gubernativo abierto a Ferrín fue remitido al jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, el presidente del TSJ de Murcia, Juan Martínez Moya, incoaba el pasado 30 de junio diligencias informativas al citado juez, que en la actualidad estaría de baja médica, tras denunciar un matrimonio de lesbianas que retrasaba "con todos los impedimentos posibles" la adopción de la hija de una por parte de la otra cónyuge.

El titular del juzgado de Instrucción número 9 de Murcia remitió además a la psicóloga de la Comunidad Autónoma encargada de la adopción un cuestionario en el que debía contestar a preguntas como "si la menor tendría un desarrollo armónico sin figura paterna, si "acabará siendo homosexual al imitar los patrones que vea en su casa" o si "no es derecho de la menor ser insertada en una familia 'normal' formada por personas de distinto sexo".

Desde el PSOE se ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que ejerza "su función constitucional de control de jueces" y abra un expediente al mencionado juez.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, también ha pedido al CGPJ que abra expediente al juez Ferrín Calamita, porque "en absoluto es admisible que haya miembros de la Judicatura que pongan su ideología ultraconservadora por encima del respeto de la Ley y la Constitución".
El colectivo Jueces para la Democracia, por su parte, ha denunciado el "trato despectivo sobre la orientación sexual" que se desprende del auto.

Un solo voto decidió la alcaldía de la localidad minera de La Unión el pasado 27 de mayo para el PP. Sin embargo, una decisión del Tribunal Constitucional, al que recurrió el PSOE, acaba de refrendar un empate a ocho ediles entre populares y socialistas. Así las cosas, el único edil de IU -como ocurriera en la población de Ceutí- será quien tenga la llave del consistorio.

En las pasadas elecciones municipales, el PP obtuvo en La Unión 4.055 votos, el 48´78 por ciento de los sufragios y 9 concejales frente a 3.604 del PSOE, el 43´36 por cien y 7 ediles. IU, por su parte, alcanzó los 561 votos, el 6´75 de los sufragios y un concejal.

Una papeleta que aparecía con una señal fue considerada válida para otorgar al PP el noveno concejal, en detrimento del PSOE. Sin embargo, un recurso de esta última formación ha posibilitado hoy que los socialistas puedan pactar con IU la alcaldía y desalojar al PP. Francisco Martín Bernabé podría ser el alcalde más breve en la historia de esta población minera y José Manuel Sanes podría recuperar el ansiado sillón. La clave la tiene José Haro, único edil de IU.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo electoral del PSOE contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que validaba el voto del PP marcado con una especie de aspa. La providencia señalaba que dada “la especial trascendencia de su contenido, justifica una decisión sobre el fondo por parte de este Tribunal”. Sobre este recurso, que debía solventarse antes de final de este mes, según los plazos de la Ley Electoral, el propio Constitucional señalaba que “debe ceñirse a la indagación relativa a si, dados los hechos apreciados por el órgano judicial, los vicios procedimentales así constatados pudieron afectar al resultado de la elección misma y, a través de éste, a la integridad del derecho fundamental aquí comprometido (derecho de acceso a las funciones y cargos públicos recogido en el artículo 23 de la Constitución)”.

Así las cosas, la corporación unionense tendrá que volver a formarse con arreglo a un nuevo recuento de la Junta Electoral.

La 7, la televisión autonómica de la Comunidad de Murcia, es en la actualidad una olla a presión a punto de estallar. Y es que la tensión se palpa en el ambiente tanto del Palacio de San Esteban como de la sede del ente, en la Plaza de San Agustín. La rumorología ya se ha disparado tras las pasadas elecciones y la configuración del nuevo Ejecutivo, cuyos responsables en el área de Comunicación deben enderezar el rumbo de la cadena. El director general de la Radio Televisión de la Región (RTRM), Juan M. Máiquez ha sido confirmado en el cargo. Por el momento. Sin embargo, algunos socios del grupo empresarial (GTM) que respalda la parte privada de la 7, están que trinan con el máximo responsable de la productora constituida al efecto. Se trata de León Heredia, presidente de GTM y viejo conocido por estas tierras donde recaló de la mano del ahora denostado Ruiz Vivo con la tan traída y llevada gala Murcia, qué hermosa eres, de la que fue director artístico. Era durante los años de gobierno popular en Madrid cuando TVE emitía ese interminable programa a través de su primera cadena y en horario prime time. Heredia es representante de conocidos artistas y, a través de su productora Prodher TV, ha colocado en la 7 a gentes como Carlos Lozano -y anteriormente a Bertín Osborne- con sueldos más que considerables en productos que, en ocasiones, rayan lo chabacano.

VyS Hoteles (perteneciente al Grupo Fuertes), Delfos (propietario de canteras en Abanilla), Corporación Audiovisual de la Región de Murcia (de Polaris World), Palprom (del grupo agroalimentario Paloma, con intereses en la construcción) y Mediterránea Inversión-Grupo 4 (constructora que realiza numerosas obras públicas en Murcia y en la vecina Comunidad Valenciana) son los integrantes de GTM. También participa el Grupo Intereconomía. A ese variopinto elenco se adjudicó en su día el contrato para la producción de programas, la comercialización de la publicidad y la asistencia técnica para los informativos. El Gobierno regional pagará a este consorcio 252 millones de euros durante siete años.
El accionariado de GTM se reparte así: Foro Corporativo de Medios S.A. (Grupo Intereconomía) 15,83%; Prodher S.A. (empresa dedicada a la producción de TV) 5%; Mediterránea de Inversión Grupo 4 S.L. (Terrapilar y Golosinas Vidal) 15,83%; Palprom 2004 S.L. (José Hernández Navarro) 15,83%; Corporación Audiovisual de la Región de Murcia (Grupo Polaris) 15,83%; Palatino 2002 S.L. (Grupo 2002 de Empresas) 15,83%; y Grupo Corporativo Fuertes S.L. 15,83%

Estas empresas se impusieron a otros tres grupos que sí contaban con experiencia en el mundo de la comunicación: es el caso de Televisión Murciana, de la familia Zambudio, Mediaproducción y Plural Entertainment, del Grupo Prisa. GTM es la productora resultante que, tras imponerse en el concurso, ha contratado al personal técnico y de redacción.

En el origen del proyecto aparecía el periodista Ernesto Sáenz de Buruaga, quien anunció finalmente que se desentendía del grupo ganador en aquel -digamos que cuanto menos- extraño concurso. Señaló entonces Buruaga que habían existido “una serie de desencuentros” y que no tenía ninguna vinculación con la sociedad. Sin embargo, al ex director de Informativos de TVE y Antena 3 se le reclamaron suculentas cantidades abonadas a cuenta por determinados estudios previos sobre la viabilidad y puesta en marcha de la tele autonómica murciana.

El que fuera secretario general de los socialistas murcianos, Ramón Ortiz Molina, acaba de emprender su particular reconquista desde su Cieza natal. Esta misma semana se ha hecho con las riendas de esa importante agrupación local para, suponen algunos, plantar cara al actual establishment socialista en la Región. El miércoles alcanzaba la secretaría general del PSOE ciezano por 90 votos frente a unos 20 que tuvo en contra. Su programa pasa por enderezar el rumbo de ese partido en un municipio regido por los socialistas hasta que la corriente popular que arrastró desde Madrid el ex-presidente Aznar les desbancó de la alcaldía y de la Comunidad Autónoma.

El que fuera joven alcalde de esa su ciudad ya presentó sus credenciales cuando hace unos días expresaba muy gráficamente lo que le parecía el resultado electoral cosechado por sus compañeros en los comicios del pasado 27 de mayo. En declaraciones a diversos medios escritos, el ex-secretario general del PSRM-PSOE, portavoz socialista en la Asamblea Regional y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma en dos ocasiones, manifestaba que había “constatado que muchos militantes, la mayoría de la gente, opinan que hay que pegarle un giro al partido”, al tiempo que se mostraba en desacuerdo con la designación del actual secretario general, Pedro Saura, como senador autonómico. De esa forma Ortiz, que hubo de abandonar la máxima responsabilidad en el PSRM-PSOE tras obtener su formación 16 diputados en la Asamblea Regional en 2003, pasaba factura a quienes ahora han bajado el listón a sólo 15.

Ortiz, que fue diputado durante la pasada legislatura, si bien permaneció en una actitud contemplativa durante la mayor parte de la misma, con escaso protagonismo parlamentario, vuelve con la intención de cosechar el mejor resultado posible en las próximas elecciones generales de marzo de 2008 así como de recuperar la alcaldía de su locaalidad en 2011.

Nacido en Cieza hace 50 años, Ortiz está casado, tiene tres hijos, es funcionario de la Consejería de Educación y profesor de Formación Profesional. Fue diputado de la Diputación Provincial y de la Asamblea Regional y alcalde de Cieza (1983-87). En 1987 fue elegido por vez primera diputado regional. Ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional en varias legislaturas, consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma (1994-95), diputado nacional así como secretario general del PSRM y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.